La sala penal del Tribunal Superior de Villavicencio pasa por una situación anormal. En sus instalaciones faltan dos de sus tres magistrados: Alcibíades Vargas y Joel Darío Trejos, quienes fueron señalados por la Fiscalía de haber recibido dinero de la mafia a cambio de su colaboración judicial. Ellos están en uso de permiso mientras enfrentan a la justicia y están tramitando la licencia no remunerada para que empiece a ser efectiva la próxima semana. Mientras tanto, la magistrada Patricia Rodríguez Torres, la única de los tres magistrados que resultó invicta en la oleada de corrupción, sigue al pie del cañón en su trabajo.