En un comunicado firmado por los ocho magistrados que conforman la Sala Plena de la Corte Constitucional se hizo un fuerte llamado de atención para que se respeten y acaten sus fallos. Sin hacer una mención en específico, el alto tribunal puso de presente la división de poderes que existe en Colombia.
En este sentido se señala que, según la Constitución Política de 1991, la Corte es un “órgano autónomo e independiente”, hecho por el cual “sus decisiones se adoptan con las mayorías exigidas por el ordenamiento jurídico, todo lo cual garantiza tanto su indiscutible legalidad como legitimidad”.
Recuerda, además, que los fallos que dicta la Corte son un ejercicio de “control constitucional y hacen tránsito a cosa juzgada constitucional con efectos frente a todos”, hecho que los convierte en de obligatorio cumplimiento tanto para las “autoridades como para los particulares”. En el documento, que fue publicado en su cuenta de Twitter y página web, el alto tribunal indica que las decisiones se toman “con miras a garantizar el respeto y efectividad del orden constitucional y en general del Estado Social y Democrático de Derecho”.
Cuestionando así el hecho que se quieran “personalizar” las funciones del poder público o del Estado, puesto que esto es un desconocimiento tanto a la ya mencionada división de poderes como a los preceptos de la Carta Política. El hecho de “minar la credibilidad e imperatividad de las decisiones judiciales, debilita el proyecto democrático que se propuso” en la Constituyente de 1991.
Para los magistrados firmantes, “deslegitimar los fallos de los jueces constituye, sin duda, un paso previo a su desacato. Y el desacatar los pronunciamientos de los jueces solo es posible en regímenes antidemocráticos y contrarios al Estado de Derecho”.
Finalmente, se reconoce que existen los escenarios idóneos para presentar los cuestionamientos u observaciones a los fallos de la Corte Constitucional, o los otros organismos judiciales, esto con el fin de fortalecer el debate.
Frente a la situación vivida recientemente, “la Corte exhorta a todas las autoridades y a los particulares a acatar las decisiones judiciales sin perjuicio de controvertirlas y si es del caso, a través de los mecanismos previstos para ello y a garantizar su ejecución o cumplimiento. Así mismo, exhorta a la cordura y al debate sereno y respetuoso sobre el contenido veraz de tales decisiones en forma tal que se garanticen la concordia, la paz, el orden, la convivencia y la tranquilidad pública”.