Pastor Alape, exjefe de las Farc, dijo ante la JEP que su esquema de seguridad presentaba fallas y estaba en riesgo su vida. Por ese motivo, la JEP le envió un mensaje a la Unidad Nacional de Protección para corregir esa situación. Como el alto comisionado para la paz, Juan Camilo Restrepo, irá a este tribunal el 28 de febrero a explicar qué está haciendo el Gobierno para garantizar la seguridad de los ex-Farc, está preparando una carpeta con toda la información y cifras interesantes. Por ejemplo, la seguridad de Alape le cuesta al Estado 1.800 millones de pesos anuales porque cuenta con varios hombres y camionetas blindadas para proteger su vida. Restrepo preguntará, según conoció este medio, “qué más debe hacer el Gobierno para cuidar al excomandante guerrillero porque su seguridad es similar a la de un ministro”.
En una carta enviada a SEMANA, el pasado 2 de marzo, a raíz de esta publicación, Alape señaló: “A pesar de la comparación que se hace en la nota, que tiene como fuente las inferencias del Alto Comisionado para la Paz, en el sentido de que el esquema de seguridad a mi otorgado es similar al de un ministro, mi mayor deseo es lo contrario, ejercer mi derecho a la libre movilidad y circulación sin ningún cuerpo de seguridad, que fue lo propuesto y concertado en el Acuerdo Final de Paz, la implementación de múltiples medidas desde un concepto de seguridad integral que trascienden los esquemas tradicionales de índole individual, lo cual también fue ratificado por la Corte Constitucional: “La Corte insistió en que no era suficiente dotar de escoltas, chalecos y carros blindados a la población en proceso de reincorporación. Más allá de eso, es indispensable ofrecerle las condiciones que le permitan superar el grado de vulnerabilidad que enfrenta, para que pueda elegir su propio camino con las condiciones que le permitan vivir una vida digna.”