El gobernador de uno de los departamentos más azotados por la corrupción y la ineficiencia en la historia reciente del país, Chocó, fue capturado como presunto responsable de irregularidades en la contratación durante la emergencia de la covid-19. Ariel Palacios Calderón habría cometido tres inconsistencias, según identificó la Fiscalía, en los contratos que firmó supuestamente para adquirir elementos de bioseguridad.
Los contratos superaron los 200 millones de pesos y el objetivo inicial era cubrir programas de salud pública para atender las necesidades ocasionadas por la covid-19. El mandatario departamental firmó el decreto 0081 del 20 de marzo de 2020, con el cual declaró la urgencia manifiesta en Chocó y dió paso a los contratos ahora objeto de imputación.
Entre las inconsistencias detectadas por la Fiscalía se incluyeron: “Ausencia de motivación y descripción de la necesidad, cantidad, tipo y destinación de los artículos. Presuntas falsedades en la etapa precontractual. Falta de idoneidad del contratista”.
Adicionalmente la Fiscalía estableció que el gobernador Palacios tampoco remitió a la Contraloría General de la República el decreto con el que declaró la urgencia manifiesta ni los soportes del proceso de contratación directa, como lo establece la normatividad vigente.
El Tribunal Superior de Bogotá impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia al gobernador de Chocó, que antes de cumplirse debe pasar por los registros carcelarios correspondientes y luego sí, el traslado a su residencia.