La concejal de Bogotá por el partido Centro Democrático, Diana Diago, presentó un proyecto de acuerdo para beneficiar a más de 35.000 veteranos de la Fuerza Pública que hoy hacen parte de las reservas activas del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
La cabildante propuso reconocer a los veteranos de la Fuerza Pública por su labor, servicio y entrega al país. “La Fuerza Pública debe ser reconocida por su labor. Los veteranos contarán con beneficios para estudiar, movilizarse y obtener empleo”, mencionó Diago.
Por esto, la cabildante presentó un proyecto de acuerdo que busca beneficiar a los veteranos que se radiquen en Bogotá, así:
Prioridad en Educación Superior: los veteranos y su núcleo familiar tendrán prioridad para acceder a programas de educación superior en el Distrito, incluyendo la Universidad Distrital, en caso de empate con otros aspirantes que cumplan con los requisitos de ingreso.
Descuento en Transporte Público: los veteranos podrán acceder a los beneficios de la “Tarjeta Plus Especial” del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) presentando los documentos que los acrediten como veteranos. La Secretaría Distrital de Movilidad establecerá los mecanismos y requisitos para acceder a este beneficio.
Promoción del Empleo: los veteranos recibirán prioridad en los programas distritales de colocación de empleo, especialmente en áreas relacionadas con la convivencia y seguridad ciudadana, logística, prevención del delito y la violencia.
De acuerdo con cifras de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva (Divri), Bogotá es la ciudad que más acoge reservistas en el país, ya que son casi 35.000 retirados.
Además, según un informe presentado por Divri con corte a 2022, en Colombia hay alrededor de 210.000 veteranos, el 87 % son adultos mayores y el 59 % viven en estratos 1 y 2, es decir, afrontan condiciones de vulnerabilidad. Por esto, Diago hizo un llamado al Concejo de Bogotá para debatir y aprobar el proyecto de acuerdo que luego pasaría a sanción de la alcaldesa y comenzaría su desarrollo 6 meses después de la firma de la mandataria.