El pasado 23 de octubre se conoció que la Procuraduría General llamó a juicio disciplinario al exgobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, por su presunta participación en política a través de su cuenta de X, en donde habrá apoyado actividades políticas y electorales de su extinto partido político Fuerza Ciudadana.
Con este llamado a juicio la Procuraduría trata de establecer si Caicedo utilizó el cargo para participar en actividades de partidos o movimientos políticos, durante las elecciones regionales que se desarrollaron en Colombia en el año 2023. Para esa misma época, el Consejo Nacional Electoral le revocó la candidatura de su hermana a la alcaldía de Santa Marta.
Por esa razón, el exgobernador respondió a la decisión del Ministerio Público y señaló que hay una nueva persecución política en su contra. “La Procuraduría General de la Nación se ha convertido en un instrumento de persecución política al servicio de las élites corruptas de este país”, dijo.
Caicedo señaló que la decisión de la Procuraduría únicamente tiene como finalidad debilitar los sectores del progresismo. “Esta sigue siendo la tarea de la Procuraduría de Margarita Cabello. Hasta el último día seguirá abusando de su cargo elegido a dedo por el Congreso para perseguir a los mandatarios que fuimos escogidos mediante el voto popular”, reiteró Caicedo.
Según el exgobernador, el Ministerio Público está desconociendo la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los pronunciamientos de la Corte Constitucional donde, según él, “se concluyó que la asignación de funciones jurisdiccionales a la Procuraduría para el ejercicio de la potestad disciplinaria relacionada con servidores públicos de elección popular vulnera el inciso tercero del artículo 116 de la Constitución”.
Agregó: “Su acoso no nos amedrentará, seguiremos en la lucha enfrentando a los clanes tradicionales y sus voceros coyunturales en la institucionalidad que intentan detener las alternativas que van surgiendo en regiones como el Caribe”.
Para la Procuraduría existió un comportamiento del exgobernador de Magdalena motivado por sus intereses personales y familiares, desconociendo así el principio de imparcialidad sobre los funcionarios vinculados al servicio público frente a los debates políticos y las contiendas electorales.