El próximo 20 de abril, la Fiscalía General presentará ante el juzgado 40 de conocimiento de Bogotá el escrito de acusación contra los empresarios Emilio Tapia Aldana, Luis Fernando Duque y Juan José Laverde por el polémico Contrato 1043 de 2020 firmado entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Unión Temporal Centros Poblados. Los contratistas deberán enfrentar un juicio por su presunta participación en los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal.

El ente investigador señala que Tapia, Duque y Laverde se dividieron las funciones para obtener de manera fraudulenta el billonario contrato que tenía como objetivo la construcción de 7.277 centros educativos virtuales en los departamentos de Amazonas, Arauca, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.

En el escrito de acusación se señala que Luis Fernando Duque –representante legal de la unión temporal–, Juan José Laverde –delegado de la empresa Rave Agencia de Seguros– y Emilio Tapia –quien integraba la junta de la unión– falsificaron actas y pólizas de seguros del Banco Itaú para participar en el proceso licitatorio que se adelantó en julio de 2020, para así recibir el contrato por un valor total de 2,1 billones de pesos.

Para sustentar la acusación, la Fiscalía General cuenta con chats de WhatsApp, registros de llamadas, documentación y testimonios bajo juramento que ponen en evidencia la forma en que se conformó la “empresa criminal” para resultar beneficiados con la licitación del billonario contrato. Tras la firma, el MinTIC le entregó los 70 mil millones de pesos del anticipo para la compra de equipos e instalación de los primeros centros virtuales. Sin embargo, se empezaron a presentar constantes incumplimientos y los contratistas nunca presentaron la justificación ante estas demoras.

Debido a esto se convocó a mediados de agosto de 2021 una audiencia de caducidad del contrato. En esa misma diligencia, un representante del Banco Itaú confirmaba lo que muchos temían: nunca habían expedido las pólizas presentadas por la unión temporal, hecho por el cual dichos documentos eran falsos.

Tanto Tapia (recordado por ser condenado por su responsabilidad en el carrusel de la contratación en Bogotá) como Laverde y Duque están buscando un acercamiento con la Fiscalía General para firmar un preacuerdo, comprometiéndose así a entregar información sobre este caso de corrupción y buscar la forma de recuperar el dinero del anticipo.

¿Cómo fue el fraude?

La Fiscalía General sostiene que los tres acusados tenían conocimiento claro en que la garantía bancaria había sido falsificada. Para esto, contactaron a Jorge Alfonso Molina García-Mayorga, quien tenía conocimiento y experiencia en el trámite de las garantías en este tipo de contratos.

Tras acordar el pago, García-Mayorga les entregó las garantías bancarias falsificadas. Luis Fernando Duque fue el encargado, junto a Alfredo Amín Yamber, de subir estos documentos al Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) para finiquitar el cumplimiento del proceso de licitación.

El dinero del anticipo para la compra de equipos fue consignado en una cuenta bancaria constituida en el estado de Delaware (Estados Unidos). Para esta transacción fue clave el trabajo de Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona, quien era el propietario de la empresa Nuovotic.

Después que estalló el escándalo, Tapia, Laverde y Duque habrían ejercido diferentes presiones para desviar la investigación y presentarse ajenos al fraude, detallando que no conocían sobre las pólizas falsas.

Los dos testigos fueron presionados por medio del abogado Daniel González, contratado por Emilio Tapia. El jurista les puso de presente el hecho de que los contratistas se iban a encargar de pagarles toda la defensa si se inculpan y reconocen toda su responsabilidad en este caso de corrupción.

Estos hechos, según los testigos, se presentaron el 22 de junio de 2021, dos días antes de que se adelantara la revocatoria del contrato, con el fin que se allegara la responsabilidad individual y los representantes de la unión temporal fueran excusados.

En el caso de Bedoya, las amenazas fueron un paso más allá. El socio fundador de Novotic y Nuvo Security LLC aseguró que en una oportunidad hombres fuertemente armados ingresaron a la fuerza a su vivienda y lo amenazaron a él y a su hijo menor de edad, intimidándolo para que no hablara de los hechos de los que había sido testigo.

Con este actuar, según la Fiscalía General, se quiso desviar el actuar de las autoridades, afectando así el desarrollo de la investigación por este grave escándalo de corrupción.