Para la próxima semana quedó reprogramada la ampliación de indagatoria a la que fue citado el senador Armando Benedetti en un presunto caso de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Pese a que la diligencia estaba programada para este viernes 1 de abril, el despacho de la magistrada de la Sala de Instrucción, Cristina Lombana, tomó la decisión de fijar una nueva fecha.
La indagación contra Benedetti tiene como base un informe de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) que señala que tras un análisis del flujo de efectivo real de Benedetti “tiene por justificar $2.919.809.595 que no provienen de su actividad económica” desde el año 2002. El caso tiene como referencia una compra de un apartamento en el barrio El Retiro, en un exclusivo sector de Bogotá, que habría comprado por un precio inferior al del mercado y realizando una trazabilidad.
En entrevista con SEMANA, el congresista aseguró que tiene todas las pruebas para demostrar que todo su patrimonio es justificado. “Lo que la magistrada trata de demostrar, o lo que dice el auto, en un informe dice que yo tengo que demostrar de dónde salieron 3 mil millones de pesos, pero, ojo, son 3 mil millones de pesos en 18 años. Muchos medios hablan como si me hubieran consignado eso y que tengo que demostrar de dónde es”.
Benedetti explicó entonces que “el error del informe es que no me tuvieron en cuenta los préstamos que he hecho a los bancos por 840 millones de pesos, las cesantías que he recibido de esos 18 años de 374 millones de pesos, los préstamos a otras personas de 775 millones de pesos; 706 millones de pesos de reposición de votos y el arriendo de una propiedad de 120 millones. Yo formo parte del fondo de trabajadores del Congreso por 40 millones de pesos. Todo eso te da 3.800 millones de pesos”.
Hace un mes, la Corte Suprema negó la objeción de Armando Benedetti al informe que ha servido de sustento en la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito. Se trata de un nuevo revés para el congresista, aunque él ha negado los señalamientos.
En este caso, las dudas o sospechas de la Corte surgen en la declaración de renta que realizó el parlamentario ante la Dian, donde deja claro que su única actividad económica y sus recursos provienen solo de su labor como senador y, al cruzarlos con sus gastos, inversiones, compras y lujos en sus tarjetas de crédito, las cuentas no cuadrarían.
Desde un comienzo, la defensa señaló que la Corte pareciera no tener en cuenta el ingreso por reposición de votos y que también le entró plata por la venta de un apartamento. Asegura que hay fallas en el informe y que darán las explicaciones necesarias.