El tema de la financiación de la campaña presidencial de 2014 está de moda. La razón es que recientemente han aparecido grabaciones y documentos que dejan la impresión de que tanto la campaña de Juan Manuel Santos como la de Óscar Iván Zuluaga recibieron aportes no solo de Odebrecht, sino también de Pacific Rubiales. Pero pocos saben cuál era el tope legal que las dos campañas podían gastar en la segunda vuelta a nivel nacional: 9.500 millones de pesos. Eso es la mitad de lo que han llegado a costar algunas campañas para el Senado o incluso gobernaciones. Esta situación lleva a dos conclusiones: 1) Casi todos los candidatos se vuelan los topes, pero ninguno lo registra en los libros. 2) El sistema de topes actual es absurdo.