Desde hace un tiempo se viene presentando una fuerte tensión entre el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, y el director de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), Juan Carlos Reyes, por el control de la corporación ambiental. Reyes demandó a Aguilar por prevaricato por acción y extralimitación de funciones.
Según mencionó el director de la CDMB, Aguilar ha llevado a cabo diferentes acciones que lo han querido dejar de lado de la entidad para poner a personas de su círculo en las entidades públicas. Uno de los hechos que denunció Reyes es que Aguilar, a pesar de ser el presidente del Consejo Directivo de la corporación, no lo dejó entrar a la primera reunión que se llevó a cabo el año pasado, sabiendo que él es el representante legal.
Desde ese momento los consejos convocados a lo largo del año estuvieron llenos de dudas. José Alfredo Marín, delegado del gobernador, habría puesto un secretario ad hoc para aprobar una reforma de estatutos en la que supuestamente le ordenan a la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander (EMPAS) iniciar concurso para elegir gerente.
En la denuncia dicen que esa sesión no fue legítima ya que no se contaba con el quórum para aprobar la designación; además, dicen que fue avalada por Yady Ardila, exsecretaria general del CDMB quien renunció posteriormente al cargo y quien es esposa del actual gerente del Hospital Universitario, Julián Niño.
El Consejo Directivo se volvió a reunir en septiembre y decidieron derogar lo acordado previamente, pero aseguran que luego de esa determinación la delegada del gobernador Aida Margarita Hernández volvió a citar un consejo extraordinario para volver a reversar lo acordado. Según dicen, esta decisión no fue legal porque los únicos que tienen la facultad para convocar a extras son el director, el revisor fiscal o el mismo gobernador y no sus delegados.
Los acuerdos, que para los denunciantes tuvieron extralimitaciones por parte del gobernador y sus funcionarios y que han buscado poner fichas claves de Aguilar, ya fueron demandados ante el Consejo de Estado. Además, ya se presentaron acciones disciplinarias y penales contra los consejeros del CDMB que votaron por los acuerdos.