La situación que se vive en el departamento del Chocó es realmente crítica. Los constantes enfrentamientos entre grupos criminales tienen a los habitantes de este territorio en medio del terror.
Recientemente, la Defensoría del Pueblo solicitó al Gobierno nacional, departamental y local que brinden atención urgente y garanticen los derechos de 357 personas pertenecientes a 102 familias que se vieron obligadas a desplazarse debido a los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan de Golfo, en el departamento de Chocó.
Las comunidades afrocolombianas afectadas por el desplazamiento son Barranconcito, Buenas Brisas y San Agustín, ubicadas al sureste del departamento.
Además de la violencia que atemoriza a la población, en las autoridades hay preocupación por el desarrollo de las elecciones regionales en este departamento, especialmente por las presiones y la cohesión que podrían llegar a ejercer los grupos ilegales para favorecer a algún candidato o simplemente impedir el buen desarrollo de la democracia.
Por ello, el magistrado del Consejo Nacional Electoral CNE, César Lorduy, quien viajó hasta este departamento, le lanzó una solicitud al Gobierno para que ponga los ojos sobre este territorio, especialmente en vísperas de elecciones.
“Solicito al Gobierno nacional intervenir de manera urgente y prioritaria a fin de que se le impida a los actores armados e ilegales que existen en el departamento del Chocó seguir influyendo en el proceso democrático, ya sea por incursiones contra la logística o por presión a los diferentes actores de los comicios”, puntualizó Lorduy.
Cabe mencionar que las autoridades electorales están alerta por el mapa de riesgo frente a hechos de violencia para las Elecciones de Autoridades locales de 2023. El panorama de orden público es preocupante y se teme que los grupos armados sean los que decidan quiénes serán los gobernantes en algunos departamentos.