La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el pasado lunes en su cuarto y último debate el proyecto de ley que ratifica el Acuerdo de Escazú.

La decisión fue celebrada por los miembros de la coalición de Gobierno, mientras que desde la oposición se realizaron fuertes críticas. La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, tildó a los que a los que apoyaron la iniciativa como “destructores de la democracia” y “amigos del retroceso”.

“Quienes aprobaron el Acuerdo de Escazú no son ambientalistas ni defensores de derechos ambientales, sino destructores de democracias y amigos del retroceso”, manifestó este martes en su cuenta de Twitter.

En un debate previo, que se llevó cabo en el Senado, Cabal había realizado fuertes críticas al acuerdo. Durante su intervención, afirmó que varios gobernadores indígenas del Amazonas peruano rechazaron este acuerdo, puesto que “rechazaron el globalismo ambientalista”.

Así mismo, aseguró que “la soberanía de Colombia está en riesgo con Escazú porque, cuando fusiona Derechos Humanos con derechos ambientales, activa la jurisdicción internacional”. “Escazú es un gran engaño, que no suple la tragedia de los cultivos de coca que sí causan la muerte”, agregó Cabal.

El Acuerdo de Escazú reúne a 33 países de América Latina y el Caribe para fortalecer varios aspectos medioambientales en los que deben trabajar en conjunto, entre ellos, la protección de los defensores del medioambiente, la participación de las comunidades en asuntos que generan afectaciones en los territorios, el acceso gratuito y público a la información medioambiental, entre otros.

Sin embargo, para algunos sectores las bondades que tiene esa iniciativa no son reales. El Centro Democrático se había pronunciado semanas atrás en contra del acuerdo al asegurar que podría afectar al sector productivo en todos los niveles y la confianza inversionista. “Luego de un minucioso estudio jurídico y político sobre el acuerdo, nuestra bancada encuentra que Escazú significa la pérdida de la soberanía de Colombia, por tratarse de un acuerdo que supone la prevalencia del derecho internacional sobre el orden interno”, dijo la colectividad.