Mientras el fiscal Francisco Barbosa hizo una dura advertencia a los altos mandos de la Policía y al Ejército por el secuestro de un grupo de uniformados en Caquetá, en Bogotá, un proceso contra el director de la Policía, el general Henry Sanabria, empieza a cocinarse a fuego lento.
El alto oficial terminó enredado en las presuntas irregularidades de un proyecto que en la Policía esperaban convertirse en una millonaria licitación, con recursos públicos, destinada a la compra de 11.000 bodycams para los uniformados en todo el país. La compra finalmente se desbarató tras las denuncias de un oficial que advertía “amaño” en el eventual contrato.
El multimillonario negocio se frustró y la compra de las bodycams quedó congelada, al igual que los recursos que destinó el Ministerio del Interior con ese propósito. El general Sanabria, entonces director administrativo y financiero de la Policía, insistió, de acuerdo con la denuncia, en usar una ficha técnica que los ingenieros del MinInterior rechazaron por encontrarla “orientada” a un solo proponente.
Las denuncias se convirtieron en dos investigaciones formales. La primera en la Procuraduría, donde el avance es casi nulo y otra en la Fiscalía, donde fue asignada a un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, en razón al fuero que cobija al general Sanabria.
Las partes involucradas fueron informadas en los últimos días que el caso contra el general Henry Sanabria y el exsubdirector de la Policía, el general en retiro Hoover Penilla, por el escándalo de las BodyCams será asumido por el mismo fiscal que solicitó la preclusión en favor del expresidente Álvaro Uribe por la presunta manipulación de testigos.
Se trata del fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Javier Cárdenas. El funcionario será el responsable de establecer cuál es la responsabilidad del director de la Policías en las presuntas irregularidades que fueron denunciadas y que, de acuerdo con los denunciantes, están soportados en un expediente lleno de pruebas.