La Contraloría General expidió un extenso fallo donde se imputan responsabilidades fiscales a las empresas vinculadas al escándalo de Centros Poblados y a tres exfuncionarios del Ministerio de las TIC que resultaron salpicados en todo lo ocurrido.
El monto es de 69.970 millones de pesos y según el documento de la Contraloría, estas personas son responsables por las irregularidades en la ejecución del contrato 1043 de 2020 que daría vida a más de 7 mil puntos de internet en 16 departamentos de Colombia y que se adjudicó a la unión temporal de Emilio Tapia, tras una licitación.
Según el fallo de la Contraloría, se evidenció una gestión ineficaz e inoportuna, lo que llevó al incumplimiento del contrato porque no se entregaron los equipos necesarios.
En el documento se imputa responsabilidad a las empresas: ICM Ingenieros, Omega Buildings e Intec de la Costa. Además, a Adriana Meza Consuegra, Sandra Orjuela Méndez y Camilo Jiménez, exfuncionarios del Ministerio de las TIC y a la Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación.
Sin embargo, en el caso de Tapia se desvinculó de la investigación y se archivó el proceso en su contra y se determinó que no tiene ninguna responsabilidad fiscal.
Sobre la solicitud de domicilaria que hizo Tapia, la Corte Suprema le ordenó a un juez de Bogotá que resuelva la petición. Esa orden se determinó, según la Corte, porque “la defensa en la audiencia de sustitución de medida de aseguramiento y/o revocatoria de la medida intramural, aseguró que el procesado renunció a estar presente en la diligencia, desapareciendo de esta forma la circunstancia excepcional que habilita la competencia de un funcionario judicial del Distrito de Barranquilla”.