El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha dado la pelea por los recursos que le recorta al presupuesto general la sentencia de la Corte Constitucional, sobre deducibilidad de regalías.
En la audiencia que adelanta el Alto Tribunal, luego de la presentación del recurso de incidente fiscal presentado por el Ministerio de Hacienda, alegando riesgo para la sostenibilidad fiscal, por los alcances del fallo para las vigencias 2023 y 2024, la batalla ha sido cruda.
En medio de lo que se convirtió en un pulso fuerte entre los magistrados y el ministro Bonilla, en términos de argumentaciones, los integrantes de la sala de la Corte que atiende el caso le hablaron al jefe de la cartera que maneja las finanzas públicas, para sacarle en cara la inejecución, lo que previamente había sacado a relucir el abogado demandante: Carlos Eduardo Osorio.
Si el ministro dijo que tendrían dificultades para devolver la plata que ya usaron, la cual entró cuando aún no existía el fallo, lo que sería alrededor de 5,1 billones de pesos (en los dos años: 2023 y 2024, el faltante por el fallo sería de $6,7 billones), los magistrados hicieron la pregunta puntual. ¿Si la ejecución en inversión durante 2023 solo fue del 71 %, por qué habría que sacar recursos de otras fuentes para poder devolver los saldos pagados por la industria extractiva en ese año?
El ministro Bonilla, en respuesta, habló de los tres pasos que tiene la ejecución presupuestal, los cuales se refieren a la plata que se compromete, a la que están obligados a pagar, y a la que se desembolsa cuando efectivamente se hace el pago. Dichos momentos serían distintos para la ejecución de los recursos de inversión, de funcionamiento y de amortización de la deuda, que son los tres grandes componentes del presupuesto de la Nación. De hecho, Bonilla puso el ejemplo de las vías, que se financian con vigencias futuras, lo que implica que esa ejecución de la inversión no solo se refleja en el año presente, sino en los presupuestos de varios años, según se pacte el pago.