Del vendaval que se desató en el Inpec con la captura de un grupo de funcionarios en la cárcel La Picota y sus esposas, 12 en total, quedó un enredado proceso que ahora los tiene a todos en libertad. La Fiscalía no logró demostrar la necesidad de una medida de aseguramiento y el juez ordenó la libertad inmediata.
Durante casi una semana, la Fiscalía adelantó la legalización de las capturas y la imputación de cargos, hasta ese momento todo transcurría en completa normalidad. Fue durante la audiencia de medida de aseguramiento donde la juez, bastante fuerte con la delegada de la Fiscalía, advirtió que hubo una errónea calificación de los delitos.
Los guardianes capturados, de acuerdo con la investigación, eran los encargados de permitir o facilitar el ingreso de elementos prohibidos a la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá y cobrar elevadas sumas de dinero a quienes los recibían, sus esposas e hijos, los responsables de recibir las sumas de dinero que pagaban los privados de la libertad.
El ente acusador presentó ante el juez de control de garantías todos los elementos de prueba necesarios para demostrar la presunta responsabilidad que tendrían los capturados en los hechos de corrupción que fueron investigados, identificados y ahora judicializados. Sin embargo, aparentemente, esas mismas evidencias no fueron suficientes para demostrar la necesidad de enviarlos a la cárcel.
La defensa de los procesados logró demostrar ante el juez que todas las personas capturadas tienen arraigo en la ciudad de Bogotá, trabajan con el Estado e incluso establecieron que su único lugar de residencia es la capital del país y que, aun en libertad, no tienen cómo afectar la investigación que adelanta la Fiscalía.
Incluso, advirtieron que la actividad de la Fiscalía fue desproporcionada, pues capturar a las esposas y a los hijos de los guardianes, vinculándolos a hechos que no estaban bajo su responsabilidad y pretender que entre familiares en primer grado de consanguinidad, se entreguen versiones de culpabilidad, es un acto abiertamente ilegal.
La Judicatura fue contundente al advertir que no hay forma de mantener una medida de aseguramiento en la dimensión que lo solicita la Fiscalía y que además hubo algunos conflictos en la interpretación de los delitos que fueron enunciados durante la imputación de cargos, lo que no facilitó acceder a las pretensiones del ente acusador.
Todos los capturados quedaron en libertad, aunque la investigación de la Fiscalía continúa, ahora sin la presión de la medida de aseguramiento. Se conoció que en los últimos días uno de los guardianes quería convertirse en testigo del ente acusador en esta investigación, en ese momento, la delegada de la Fiscalía negó esa posibilidad y es ahora, cuando más le podría servir.