Este viernes 9 de febrero, con motivo del Día del Periodista, el Estado colombiano realizará, por primera vez, un reconocimiento público a Guillermo Cano Isaza, a 38 años de su trágico asesinato a manos del Cartel de Medellín. Esta acción, ordenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), marca un hito en la historia del país.
El evento se llevará a cabo en el Centro de Memoria Paz y Reconciliación a partir de las 9:00 a. m. y contará con la participación del ministro de Justicia, Néstor Osuna, así como otros funcionarios oficiales y miembros de la comunidad diplomática en Colombia. Durante la ceremonia, el Estado colombiano deberá reconocer su fallo en cumplir con las obligaciones de garantizar el derecho a la vida, investigar, juzgar y sancionar a los responsables del crimen, y proporcionar la adecuada protección judicial a las víctimas y sus familias.
Además de este reconocimiento, el Estado se comprometerá a tres acciones importantes: proseguir con la investigación del asesinato a través de la Fiscalía General de la Nación, producir un documental sobre la violencia sufrida por El Espectador y sus periodistas en el contexto del crimen de Cano Isaza, y aplicar la Ley 288 de 1996 para reparar los perjuicios a la familia. SEMANA conoció que, en caso de recibir dicha reparación, esta será destinada a financiar el Premio Mundial de Periodismo Unesco-Guillermo Cano.
“Queremos manifestar, eso sí y con el mismo amor y optimismo por el país que le aprendimos a Guillermo Cano Isaza, que esperamos que este acto no sea el de clausura de un proceso, sino más bien el paso inicial para devolverles a las familias de tantos periodistas, de tantos magistrados, de tantos jueces, de tantos militares, de tantos colombianos, en fin, la merecida memoria de sus seres queridos. Seguimos soñando, como don Guillermo Cano Isaza, en una Colombia con Mayúsculas”, expresó Ana María Busquets de Cano y su familia.
CIDH sobre el caso de Guillermo Cano
Después de 38 años del crimen que acabó con la vida de Guillermo Cano, aún no se ha logrado la condena de los principales culpables. El proceso de reconocimiento de este crimen ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sido un trayecto lleno de obstáculos. Fue en febrero de 1997 cuando la Sociedad Interamericana de Prensa y la familia Cano llevaron el caso ante la CIDH.
Aunque un mes después se dio inicio oficial al caso, durante los años 1998 y 2000, el Estado colombiano argumentó que la violencia sufrida por El Espectador no podía ser considerada en el homicidio de su director y que el caso no correspondía a la jurisdicción de la CIDH.
En 2001, la CIDH concluyó que el Estado colombiano había incumplido su deber de proteger el derecho a la vida de Guillermo Cano Isaza y de llevar a los responsables ante la justicia. A pesar de esta determinación, la CIDH no hizo seguimiento a las recomendaciones durante 17 años.
Las solicitudes de la familia Cano para revisar el informe y tomar nuevas medidas fueron ignoradas. En 2016, la FLIP pidió a la CIDH que reabriera el caso para obtener un análisis más exhaustivo, pero la solicitud fue denegada. Finalmente, en 2024, tras 23 años desde la decisión inicial, el Estado colombiano reconoce oficialmente su responsabilidad en el crimen de Guillermo Cano Isaza.
Guillermo Cano, ‘la piedra en el zapato’ de Escobar
El 17 de diciembre de 1986 fue asesinado a las afueras del edificio de El Espectador su director, Guillermo Cano Isaza. El hombre que estuvo a cargo del periódico más antiguo del país durante 36 años fue víctima de la violencia impuesta por el Cartel de Medellín y, por supuesto, de su máximo líder, Pablo Emilio Escobar Gaviria.
Durante la década de los ochenta, Cano siempre fue ‘la piedra en el zapato’ de Escobar, incluso, logrando por sus reportajes y columnas en El Espectador que el Congreso despojara al narcotraficante de su inmunidad parlamentaria en 1983. Allí empezaría la desgracia para el narco.
Sin embargo, para llegar hasta ese punto, Cano y su equipo trabajaron arduamente en la búsqueda de información que comprobara lo que meses antes el ministro de Justicia del gobierno de Belisario Betancourt, Rodrigo Lara Bonilla, había dicho en contra de Escobar: tenía nexos con el narcotráfico.
El 25 de agosto de 1983, El Espectador sacó a la luz una noticia de 1976 en la que el protagonista era Pablo Escobar, así como su primo Gustavo Gaviria Rivero. En aquella época, el mismo periódico había informado sobre la captura de un grupo de narcotraficantes a los que las autoridades les encontraron un total de 39 libras de cocaína durante un operativo en el municipio de Itagüí, en Antioquia.
Ese fue el inicio del fin de la treta que Escobar tejió para hacerse pasar ante la opinión pública y en las narices de los congresistas de esa época por un simple terrateniente. Sin embargo, Guillermo Cano estaba dispuesto a desenmascarar del todo al capo de la droga colombiana, por lo que las investigaciones relacionadas con su captura en 1976 no cesaron durante los meses siguientes a la publicación de agosto de 1983.
Con ayuda de su mano derecha, el periodista Fabio Castillo, el director de El Espectador ahondó de tal forma en las pesquisas judiciales existentes en contra de Escobar que pudo obtener, incluso, algunas copias de la decisión judicial que certificaba que Pablo Escobar había sido capturado in fraganti en un caso de contrabando de cocaína, además de un intento de soborno a la autoridad.
No obstante, en los meses siguientes, ya con las pruebas suficientes para acusar a Escobar de narcotráfico y sacarlo del Congreso de la República, ningún político ni judicial se atrevía a tocarlo.
Por eso, en uno de sus textos publicados en la columna Libreta de apuntes, Cano decidió contraatacar la pasividad de las autoridades colombianas preguntando: “¿Dónde están que no los ven?”, en clara referencia a la ceguera selectiva que habían tomado los altos mandos políticos y judiciales en Colombia frente al caso del narco.
Finalmente, dos meses después, el Congreso le dijo adiós a Escobar, despojándolo de su inmunidad como parlamentario. Acto seguido, Gustavo Zuluaga, juez de la República, dictó una orden de captura en contra del líder del Cartel de Medellín, ya que en las investigaciones que se hicieron de su arresto en 1976 se hallaron pruebas sobre el papel de Escobar en el asesinato de los dos agentes del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) que lo habían capturado.
Así inició la guerra de Pablo Escobar contra el Estado colombiano, con Guillermo Cano como uno de sus principales contendores. Sin embargo, tanto su escrito de 1983 como las investigaciones reveladas meses y años después, lo convirtieron en un blanco del Cartel de Medellín. Hace 38 años, apagó la luz del periodista, que siempre le declaró la guerra al narcotráfico y al delito desde la pluma. Paz en su tumba.