En el despacho del magistrado Gerson Chaverra, presidente de la Corte, se dio el encuentro entre altos representantes de la justicia y congresistas alrededor de la polémica reforma a la justicia que propuso ese alto tribunal y la Fiscalía. El proyecto fue radicado hace pocos días frente al actual presidente del Senado, Efraín Cepeda.
La Corte Suprema explicó que a partir de este martes 15 de octubre “ inició un proceso de socialización del proyecto de ley radicado la semana pasada al Congreso. El magistrado Chaverra Castro expuso a los congresistas Ariel Ávila y Carlos Fernando Motoa Solarte, integrantes de la Comisión Primera, los alcances y ventajas de la iniciativa”.
Pero al encuentro también asistieron el presidente de la Sala Penal de la Corte, Diego Corredor; la fiscal General, Luz Adriana Camargo; y la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago. Las dos últimas funcionarios estuvieron presentes en el Congreso durante la radicación de la cuestionada iniciativa.
SEMANA reveló recientemente que dicha reforma que apoya el Gobierno tiene varias polémicas propuestas que buscan descongestionar la justicia, y la cual, traería un cambio en el sistema penal, y que otorgará beneficios a de delincuentes.
La modificación señala que los asesinos y violadores de niños podrán, mediante preacuerdo o negociaciones, acceder a los beneficios que tiene cualquier clase de delincuente, como un raponero o un ladrón de carros, aunque la dimensión del delito es abismalmente diferente. Esa situación estaba prohibida expresamente por la ley y es justamente lo que esperan eliminar con el nuevo proyecto.
El proyecto de la reforma que propuso la Fiscalía y la Corte señala: “Artículo 199. Beneficios y mecanismos sustitutivos. Cuando se trate de los delitos de homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o secuestro, cometidos contra niños, niñas y adolescentes, se aplicarán las siguientes reglas”.
De esa forma es que los sindicados por ese tipo de delitos podrán lograr hasta reducciones de hasta la mitad de la pena prevista en la misma ley, previo cumplimiento de unos requisitos establecidos en varios artículos del Código de Procedimiento Penal. “En caso de celebración de preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el imputado o acusado, o de allanamiento a cargos, se concederá la mitad de la rebaja de pena prevista en los artículos 351, 352, 356-5 y 367 del Código de Procedimiento Penal”, advierte el proyecto que busca esa clase de beneficios a los asesinos y violadores de niños.