SEMANA conoció recientemente que el Consejo de Estado le puso el acelerador a los procesos de nulidad electoral que avanzan contra varios gobernadores como el de Arauca, Cundinamarca, Meta y San Andrés, sin embargo, el último mandatario departamental estaría acudiendo a una estrategia para dilatar su proceso.
El caso contra Nicolás Iván Gallardo, el actual gobernador de San Andrés, inició después de que lo señalaran de haber incurrido en doble militancia, pues resulto electo por el partido Liberal, pero habría apoyado en campaña a candidatos de Cambio Radical, Colombia Justa Libres y el partido Conservador.
Sin embargo, fuente cercanas al proceso, le confirmaron a esta revista que la defensa del funcionario estaría presentando una serie de testimonios en Creole, el idioma nativo de San Andrés, y hasta personas sordomudas. El problema es que el alto tribunal no tendría los recursos suficientes para contratar traductores oficiales o intérpretes de la lengua de signos para poder avanzar. Esa situación ha sido considerada como una presunta dilación para que el alto tribunal falle en este caso.
De hecho, SEMANA conoció a través del Sistema de Gestión Judicial (SAMAI) del Consejo de Estado, una serie de documentos, que demostrarían como varios testigos le han pedido al magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez, ponente del proceso, que les admita sus declaraciones en Creole, a pesar de que no cuentan con traducción oficial. El gobernador de San Andrés estuvo representando por la exconsejera de Estado, Jeannette Bermúdez, y ahora se defiende por medio de Carlos Mario Isaza, quien también fue conjuez de esa alta corte.
En esos documentos, se lee una carta que le llegó al magistrado Barreto por parte de una persona que interviene en el proceso en el que dice: ”Considero que debe admitirse la intervención de quienes se manifiestan en otros lenguajes reconocidos en Colombia, como el raizal y el de señas”.
En otra de las peticiones hasta hubo regaño: “no permitió la intervención de los señores Doralba Matilda Newball y Dagoberto Dowie con una condición inaceptable, que porque debían manifestarse en idioma castellano”. Entre la decena de solicitudes también se pide aceptar la intervención de una mujer que “solo sabe hacerse entender con señas (...) al no aceptarla se le esta en flagrante discriminación por ser sordomuda”. ¿Realmente existiría una estrategia dilatoria para el Consejo de Estado no falle en el proceso contra el gobernador Nicolás Gallardo?