Los actos vandálicos ocurridos en Bogotá en la tarde de este miércoles 19 de octubre, a manos de indígenas de la comunidad embera, siguen generando cualquier tipo de reacción por la manera en la que fueron atacados uniformados de la Policía Nacional y los gestores de convivencia de la Alcaldía.

El presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció por medio de su cuenta de Twitter, en un mensaje donde condenó los actos de violencia y las agresiones de las que fueron víctimas varios integrantes de la Fuerza Pública en el centro de la capital del país.

“La ausencia de diálogo siempre genera más violencia. Rechazo y condeno los actos vividos hoy en Bogotá. Varios miembros de la Fuerza Pública y civiles resultaron heridos. Nunca será protesta la agresión a un policía”, dijo el primer mandatario.

De la misma manera, el jefe de Estado realizó una reflexión y dijo de manera directa que la falta de diálogo tendrá como consecuencia que se agudicen los hechos violentos en la sociedad.

Y dejó claro: “Todo miembro de la Policía, todo funcionario público, igual que toda persona, es sujeto de derechos humanos. Es también violador de derechos humanos el que agrede en estado de indefensión a un policía”.

Luego de la publicación de Petro, el exministro del Interior Daniel Palacios cuestionó las palabras del jefe de Estado por rechazar los actos vandálicos en Bogotá y a la vez querer indultar a los jóvenes de la primera línea que están detenidos por hechos de vandalismo ocurridos en el marco del paro nacional.

“Pero según usted, los miembros de la primera línea que agredieron policías deben ser indultados, ¿entonces cómo es la cosa?”, se preguntó Palacios.

El cuestionamiento de Palacios se da luego de que dos polémicos artículos fueran incluidos en la ley de orden público que se discute en el Congreso de la República. Estos artículos beneficiarían de manera directa a los miembros de la llamada primera línea, un asunto que no ha caído bien entre los partidos.

El más polémico, el artículo 17 de la iniciativa, plantea: “Facúltese al presidente de la República para que, en el marco de la política de ‘paz total’, pueda otorgar indultos a aquellas personas que hayan sido condenadas por conductas desplegadas en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta”.

Esto quiere decir que, en caso de aprobarse este artículo, el mandatario de turno, en este caso el presidente Gustavo Petro, podría indultar a los ciudadanos condenados por delitos que hayan sido cometidos en medio de una protesta o de una marcha, así estas conductas no estén relacionadas directamente con las manifestaciones.

La otra disposición controversial es la que señala que “el presidente de la República podrá designar como promotores de convivencia y participación ciudadana a personas que se encuentren privadas de la libertad por conductas desplegadas en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta, para lo cual podrá solicitar a las autoridades judiciales competentes la suspensión de la orden de captura o la medida de aseguramiento. Lo anterior no implica la suspensión o terminación del proceso penal”.

Esto, para algunos sectores, implicaría que, por ejemplo, miembros de la primera línea puedan actuar como gestores de convivencia en las manifestaciones.