La inédita situación que se ha presentado con el trámite del proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación de 2025, el cual no logró ser discutido en el Congreso dentro los plazos permitidos y muy probablemente será aprobado por decreto, sigue generando polémica.
Esto porque para poder implementar los 523 billones de pesos que el Gobierno tiene planeado gastar el año entrante, es necesario aprobar una ley de financiamiento, con la que conseguirían los 12 billones de pesos en los que está desfinanciado el plan de gastos para el año entrante.
La falta de quorum y de discusión que se dio en las comisiones económicas del Congreso en el trámite del presupuesto, implica un mal presagio para la ley de financiamiento, lo cual llevó al presidente Gustavo Petro a insistir en que si esa iniciativa no recibe el aval del Legislativo, sería necesario recortar el plan de gastos de 2025 y en ese caso reiteró su amenaza que les “recortará todos los subsidios a los sectores más ricos”, idea que ya había expresado recientemente.
Tras ese anuncio, varias voces han manifestado su inconformidad, como es el caso del exvicepresidente Francisco Santos, quien no dudó de calificar como “tragedia” que el presidente de un país “no sepa que los ricos no tienen subsidios y, al contrario, son los que los financian. Ya nada nos sorprende”.
Según el proyecto original de presupuesto, que será el que rija en el próximo año, dado que se instaurará por decreto, el gasto en política social será incremental en comparación con la presente vigencia: sube a 274,4 billones de pesos, frente a 272 billones de 2024.