Un grupo de funcionarios de la Empresa de Telecomunicación de Bogotá (ETB) se encuentran bajo la lupa de la Procuraduría General que evalúa la apertura de una investigación preliminar disciplinaria por un presunto detrimento patrimonial en un negocio jurídico por aproximadamente 23 mil millones de pesos.
El organismo de control disciplinario verifica varios reportajes periodísticos que registraron las presuntas irregularidades que se habrían presentado en la puesta en marcha del proyecto Data Center Alma.
En la celebración de este convenio se habrían presentado serias anomalías en planeación, construcción e implementación y una posible pérdida de la inversión realizada.
El Ministerio Público busca esclarecer las presuntas falencias desde la concepción de los contratos, los cronogramas preestablecidos, abandono de las obras civiles, ausencia de controles efectivos por los servidores públicos de ETB, entre otros.
Para esto, un procurador delegado ordenó la práctica de pruebas pertinentes para conocer las acciones que son objeto de investigación para así tomar decisiones de fondo.