En agosto de 2022, la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhammad, y la exministra de Minas y Energía, Irene Vélez, radicaron en el Congreso con bombos y platillos el proyecto de ley con el que pretendían prohibir el fracking en Colombia.

El proyecto fue firmado por 65 congresistas, entre ellos Angélica Lozano y Katherine Miranda, de la Alianza Verde, además de Gustavo Bolívar y David Racero, del Pacto Histórico.

En agosto de 2022, la entonces ministra de Minas y Energía, Irene Vélez (foto), radicó junto a la jefa de la cartera de Ambiente, Sandra Muhamand, el proyecto de ley con el que pretendían prohibir el 'fracking' en Colombia. | Foto: GUILLERMO TORRES

SEMANA conoció que los ocho ponentes del proyecto de ley presentaron ponencia de archivo en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, donde está pendiente su tercer debate.

Entre los congresistas firmantes están Ana Rogelia Monsalve, Leonor Palencia, Óscar Villamizar, Sandra Ramírez, Teresa Enríquez, entre otros.

La proposición de archivo se presentará ante la Comisión Quinta de la Cámara y allí votarán 23 representantes.

Comisión Quinta de la Cámara de Representantes en un debate de control político a Ómar Andrés Camacho, ministro de Minas y Energía. Bogotá, noviembre 22 de 2023. Foto: Guillermo Torres Reina / SEMANA | Foto: Guillermo Torres Reina

Sin embargo, la oposición y sectores independientes al gobierno de Gustavo Petro tienen mayorías en ese escenario y el riesgo de que prospere el archivo del proyecto es casi inminente.

Allí, Luis Ramiro Ricardo Buelvas, de las curules de paz, le ganó el pulso por la presidencia al Pacto Histórico, cuyo candidato era Erik Velasco. Los acuerdos se incumplieron a última hora.

Textualmente, la proposición busca “prohibir la exploración y producción de hidrocarburos provenientes de yacimientos no convencionales del tipo roca generadora (gas y petróleo de lutitas), arenas bituminosas, gas metano asociado a mantos de carbón e hidratos de metano”, reza el cuarto artículo.

Entre los argumentos esgrimidos están “la protección del medioambiente y la salud de las actuales y futuras generaciones; la prevención de conflictos socioambientales asociados a estas actividades, y contribución al cumplimiento efectivo de las metas del Acuerdo de París”.