Como es costumbre, el presidente de la República Gustavo Petro, por medio de su cuenta personal de Twitter, hizo referencia a una de las regiones del país, que según el Gobierno nacional del Pacto Histórico ha estado excluida por siglos.
En el mensaje que publicó en sus redes sociales, el mandatario colombiano anunció que la zona del Pacífico Caucano estará incluida en los planes de su administración, con un enfoque de educación.
Petro aprovechó el trino para enviar un mensaje directo a la ministra de Educación Aurora Vergara, agradeciendo por su gestión al frente de esa cartera.
“Gracias a la gestión de la ministra de la igualdad y de educación, el territorio del pacífico caucano excluido por siglos ahora es incluido en los planes del gobierno y el progreso del país”, trinó Petro.
Por otro lado y a través de una carta, la ministra de Educación, Aurora Vergara, se refirió a la polémica que se generó porque su esposo, Víctor Olmedo Martínez, tenga un contrato con la Defensoría del Pueblo.
La ministra envió una carta a SEMANA y reconoció que su esposo trabaja en la Defensoría. “En efecto, mi compañero de vida trabaja en la Defensoría del Pueblo, así he dejado constancia en toda la documentación pública correspondiente. Él ha sido funcionario público por más de dos décadas de su vida profesional”, aseguró la ministra.
Además, resaltó que la Defensoría es un ente autónomo e independiente en el que los procesos administrativos y contractuales no dependen de la rama ejecutiva de la que ella hace parte. “Ni mucho menos de la cartera ministerial que represento”, afirmó.
Vergara aclaró que desde su visión, la vinculación contractual de su esposo, al ella ser ministra, no configura conflicto de interés alguno ni tendría capacidad de influir en sus funciones y responsabilidades o de beneficiar a un particular.
La respuesta de Vergara se da luego de la polémica que se desató y si podría tratarse de un nuevo caso de supuesto nepotismo en el gobierno de Gustavo Petro. Según Caracol Radio, Olmedo Martínez tiene un contrato con la Defensoría del Pueblo por 90 millones de pesos, los cuales vienen siendo pagados en montos mensuales de 10 millones. La vigencia del contrato es de nueve meses y arrancó el 8 de febrero de este año e irá hasta el 6 de noviembre.