Para el cierre del año, como es tradición, gran parte de los gremios de la producción realizan sus congresos y asambleas anuales. Una de ellas fue la de Fedegán, que reúne a los ganaderos del país, pero que tenía una particularidad: definir el futuro de su presidente, José Félix Lafaurie, en la mesa de negociación con el ELN, que finalmente fue continuará como integrante del equipo negociador del gobierno con esa guerrilla.
En uno de los paneles se discutieron las implicaciones de las políticas actuales frente a la persistente violencia en las zonas rurales del país. En él, participaron Otty Patiño, alto comisionado para la Paz; Iris Marín Ortiz, defensora del Pueblo; el mayor general (r) Juvenal Díaz Mateus, gobernador de Santander, y Jorge Alberto Restrepo Torres, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC).
“Ese Estado Social de Derecho es una promesa todavía no cumplida”, expresó Patiño en el panel y abogó por un enfoque integral que combata las estructuras ilegales no solo desde el ámbito militar, sino desde la prevención y la justicia.
Sobre los diálogos con el ELN, Patiño advirtió que con el pasar de los meses ha ido perdiendo la fe en el proceso. Y destacó la presencia del presidente ejecutivo de Fedegán, José Félix Lafaurie Rivera, en la negociación.
“Desde luego he descubierto que José Félix tiene más fe que yo. Yo he ido perdiendo la fe en la negociación con el ELN”, dijo.
También expresó que hay incertidumbre frente a las conversaciones con la Segunda Marquetalia de Iván Márquez porque no se sabe si el cabecilla guerrillero está vivo o muerto.
“No se sabe, porque hasta ahora las comunicaciones que hemos tenido de él han sido por escrito. No ha habido audios y menos un video. No se sabe con certeza si esas entrevistas que han aparecido son reales o son documentos apócrifos. Estamos en la incertidumbre si Iván Márquez está vivo o si está muerto o si tiene discapacidad para comunicar”.
Por su parte, la defensora del Pueblo señaló que las desigualdades estructurales perpetúan la violencia en las zonas rurales. Recordó que muchas de las regiones más afectadas por el conflicto no han recibido la atención integral del Estado, lo que facilita el resurgimiento de economías ilegales y grupos armados. “La reforma rural integral sigue siendo una deuda pendiente”, enfatizó.