El excomandante paramilitar Hébert Veloza García, alias HH, comparecerá el próximo jueves 5 de octubre ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
HH, quien volvió al país en diciembre de 2017, declarará en calidad de testigo en el marco del Caso 4 que hace referencia a la situación territorial de Urabá.
Aunque la declaración del excomandante paramilitar será reservada, uentes cercanas indicaron que será clave para destrabar varias líneas de investigación, principalmente las que tienen relación con las alianzas entre grupos paramilitares y agentes del Estado.
En mayo pasado la Procuraduría General le pidió a la JEP que investigue los homicidios de civiles, acusados de colaborar con grupos paramilitares o el Ejército, de parte del Frente 5 de las extintas Farc en el Urabá antioqueño y chocoano. Además, solicitó que se tipifique como patrón criminal la “estigmatización a civiles” dentro del macrocaso 04, que investiga, entre otros, asesinatos y desapariciones en la región del Urabá.
El procurador primero delegado ante la JEP, Alonso Pío Fernández Angarita, en su análisis de las versiones entregadas por exintegrantes de los frentes, asegura que esta modalidad de asesinatos constituye un patrón macrocriminal, ya que fueron “crímenes cometidos en ejercicio del control social y territorial”.
Según el documento de observaciones a las versiones entregadas, algunos de estos asesinatos fueron realizados porque los miembros de la población civil eran considerados blancos militares por “apoyar al enemigo”, lo cual era contrario a la ideología del grupo armado.
“Se debe contemplar la modalidad de homicidio como consecuencia de la estigmatización sobre civiles y el control social, en tanto los relatos de los comparecientes permiten deducir que algunos de estos responden a la escogencia de miembros de la población civil como blancos militares por considerar que su comportamiento de apoyar al enemigo era contrario a la ideología y propósito del grupo armado al margen de la ley”, indica el documento.
En uno de los relatos examinados en el informe, un excombatiente cuenta cómo un miliciano acusó a tres jóvenes indígenas de ser colaboradores del Ejército, lo cual llevó al líder guerrillero a ordenar una emboscada para matarlos.
“En este caso en particular, las víctimas eran estigmatizadas como simpatizantes y colaboradores del enemigo, bien estuvieran ‘comprobados’ o fueran simples ‘sospechosos’, todo con el fin de evacuar el territorio de personas contrarias a su ideología y propósitos”, asegura el delegado en su análisis.
La Procuraduría también solicitó a la JEP profundizar en el uso de armas de guerra prohibidas por las normas internacionales, como minas antipersonal y diferentes tipos de bombas artesanales, a fin de establecer quién y por qué decidieron utilizar estos explosivos que causan graves daños colaterales a la población civil.