A través de un comunicado de cinco puntos, la hidroeléctrica Urrá respondió a los serios cuestionamientos que se han hecho en los últimos días desde diferentes sectores, incluso desde los ministerios de Hacienda y de Minas.
En primer lugar, aseguran que están dispuestos a responder todas las dudas y a tener “completa disposición para colaborar proporcionando toda la información necesaria con el fin de demostrar la transparencia y la rectitud en sus operaciones”.
Explican que durante 24 años Urrá ha establecido sus tarifas de venta de energía de acuerdo con los criterios técnicos y regulatorios establecidos por las autoridades competentes para que se reflejen en los costos reales de energía. “Las tarifas actuales son el resultado de un proceso de evaluación que asegura que no solo sean competitivas en el mercado, sino también justas para los consumidores y sostenibles para la operación de la planta”.
Así mismo, dicen que no existen vínculos indebidos ni relaciones privilegiadas con ninguna empresa comercializadora de energía. “Los contratos de venta de energía se adjudican siguiendo un proceso transparente y competitivo, en cumplimiento con las normativas del mercado eléctrico colombiano. Cualquier sugerencia de favoritismo o colusión con comercializadoras es completamente infundada y carece de base real”.
Como el expresidente de la Cámara, Andrés Calle, estaría detrás de billonarios contratos en Urrá, la empresa responde que no tienen injerencia en política y que “desde la construcción y operación de la Central Hidroeléctrica Urrá, las decisiones de la empresa son de carácter técnico y no obedecen a intereses políticos”.
El procurador delegado para la Vigilancia de la Función Pública, Marcio Melgosa, le envío una solicitud con once peticiones al presidente de la Hidroeléctrica Urrá, localizada al sur del municipio de Tierralta, para que responda por la delicada situación que se estaría presentando en la contratación de la compañía y en la que estaría salpicado nuevamente Andrés Calle.