En la Constituyente de 1991 se estableció que las campañas políticas tendrían topes de gastos con el objetivo de dar mayor transparencia a los comicios. Esa medida fue firmada por los integrantes del M-19, quienes estuvieron de acuerdo, y así quedó contemplado en la carta magna tras la desmovilización. Lo llamativo es que esos topes podrían ser los que le jueguen en contra al presidente Petro, que perteneció a ese grupo. Ahora el CNE deberá ser el que investigue si eso se cumplió.