Tras recibir una queja disciplinaria por “violencia digital”, la Procuraduría General de la Nación abrió esta semana una investigación al exembajador de Colombia en México, Álvaro Ninco, y al viceministro de la Juventud del Ministerio de la Igualdad, Gareth Sella.
La determinación también cobija a María Niny Echeverry, jefe de la Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial de la Superintendencia de Industria y Comercio, y Jaider David Rozo Rojas, en su condición de contratista de RTVC.
La queja fue radicada por Juan José Castro, abogado que defiende los intereses de la periodista Diana Saray Giraldo de Caracol Radio y se argumenta por publicaciones que realizaron los funcionarios en contra de la reportera. De acuerdo con el ente de control, podrían haber incurrido en “presuntos pronunciamientos calumniosos en contra de Diana Saray Giraldo Mesa y, promover un escenario de violencia digital a partir de su oficio como periodista”.
La decisión fue duramente criticada por el presidente Gustavo Petro, quien aseguró que la investigación hace parte de la “persecución de una policía política”. El mandatario, además, aseguró que los funcionarios investigados son “víctimas de violación de derechos humanos”.
“Esto se llama persecución de una policía política que limita la libertad de expresión y censura. ¿La procuraduría quiere ser Gestapo? Le pido a las víctimas de esta violación de derechos humanos, poner las denuncias respectivas en la justicia nacional e internacional”, dijo Petro.
En respuesta a las palabras del presidente, la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, aseguró que ni la calumnia ni la injuria son “derechos humanos”.
“No, Petro, ni la calumnia, ni la injuria son derechos humanos. Revísese para que vea que el que pretende tener una Gestapo es usted”, sostuvo.