Con una votación tirante, los parlamentarios integrantes del Senado de la República, donde se tramitó el proyecto de ley de Presupuesto General 2022, le dieron el sí a la eliminación de la Ley de garantías en temporada previa a la jornada electoral. Esto implica que se quita el blindaje que tenía la contratación pública en las regiones, a través de convenios interadministrativos, que han sido tildados de riesgosos, pues se prestan para fomentar corrupción. La Cámara de Representantes también hizo lo suyo y avaló el artículo pese a que hubo 6 proposiciones que pedían el hundimiento del artículo.
La propuesta generó fuerte controversia en ambas células del Legislativo. Parte de los argumentos a favor estimaron que con la medida se abre la puerta para que los alcaldes y gobernadores de las regiones puedan hacer las inversiones necesarias para la reactivación económica.
Entre tanto, los que se oponían a que se eliminara la ley de garantías, sustentaron que se quita el blindaje a la contratación, el cual se había aplicado para evitar el riesgo de usar recursos públicos para financiar favores políticos a cambio de votos.
La votación fue apretada en Senado, teniendo en cuenta que 30 votos pedían que se hundiera el artículo, es decir, que no se hiciera ningún cambio a la Ley de garantías. Mientras que 54 votos avalaron la propuesta y se impusieron ante los oponentes. La sumatoria de la votación en el Senado indica que no estaban todos los senadores en el recinto durante el momento del llamado a votar, lo que generó cierta tensión, y hasta se puso de presente que había media hora, según el reglamento, para cerrar la posibilidad de que los parlamentarios llegaran (en físico o a través de plataforma) y ejercieran su derecho al voto.
En la Cámara de Representantes, hacia las 10 de la noche, después de una jornada de 14 horas, los parlamentarios siguieron el mismo camino del Senado y le dieron aval a la medida. En ese estrado, la votación fue mayoritaria, con 98 votos por el si.
Pese a haber obtenido el si, la polémica alrededor de la propuesta fue tensa. Mauricio Toro, integrante de esa la Cámara de Representantes, señaló que la medida solo busca, “ayudar a la compra de las elecciones”. Sostuvo que el argumento que señala que se suspende la Ley de garantías para promover la reactivación económica, no tiene ningún sustento, pues -en materia de obras- no se puede hacer en 4 meses lo que no se ha realizado en 3 años.
Por supuesto que el problema jurídico que se viene sobre la aprobación de ese artículo, ya fue anunciado. No obstante, algunos parlamentarios expresaron que -de haber demandas contra una ley estatutaria aprobada dentro de una ley ordinaria (la del presupuesto)- cuando el tema sea resuelto en los altos tribunales, ya se habrá aplicado la suspensión de los efectos de la Ley de garantías.