Hace una semana, la Corte Constitucional amplió el periodo de la Comisión de la Verdad con una votación de 8 contra 0 y con ponencia del magistrado Jorge Ibáñez.
La Corte Constitucional explica que, para llegar a esa conclusión, la Sala Plena tuvo en cuenta las intervenciones presentadas en el curso del proceso por las víctimas del conflicto armado, quienes explicaron que las medidas implementadas para mitigar y contener la pandemia generada por la covid-19 –entre ellas, el distanciamiento social, el aislamiento preventivo obligatorio y la prestación del servicio público a través de medios virtuales– impidieron la entrega de sus declaraciones y, en consecuencia, hicieron más complejo su derecho a la verdad.
Aunque muchos creerían que la decisión fue sencilla al momento de votar, sí hubo algunos magistrados que inicialmente no estaban convencidos de la ponencia del magistrado Ibáñez.
SEMANA pudo establecer que los magistrados que consideraban que la Corte no se podía pronunciar sobre un asunto juzgado eran: Alejandro Linares, José Fernando Reyes, Antonio Lizarazo y Alberto Rojas Ríos; este último termina su periodo en 2022 y en cuyo caso el Consejo de Estado tiene una lista de preseleccionados que serán ternados para relevarlo.
La razón de la oposición inicial que después se convirtió en apoyo fue porque, a juicio de los cuatro magistrados, es “cosa juzgada”, como se le denomina en el ámbito judicial y que protege todo lo relacionado con decretos expedidos para proteger el acuerdo final de paz entre el Gobierno y las FARC; se trataba, entonces, de un asunto que preferiblemente no se debía tocar por parte de la Sala Plena en aras, justamente, del “blindaje” de dicho Acuerdo de Paz.
SEMANA le preguntó este martes al magistrado Jorge Ibáñez si es posible a través de algún recurso extender dicho periodo: “Si el legislador lo considera pertinente y si hay una razón o conveniencia jurídica para tal efecto, y lo quisiera ampliar por un periodo más, eso es un asunto de política legislativa. Si lo considera, se puede ampliar, pero me estoy anticipando a una situación que no se ha dado y que solo sabremos si fuera necesario hacerlo en ese momento”.
Y agrego que “es importante tener en cuenta que se hizo un acuerdo con las FARC en 2016. Si este es el término que se necesitaba, es probable, de otro lado, que no se necesite ampliación del plazo más allá de lo ya señalado”.
Luego de conocerse la noticia la semana pasada, la de la ampliación por siete meses más del periodo, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, reunida en pleno, agradeció públicamente la decisión. “Recibimos esta decisión como una responsabilidad”, señaló Francisco de Roux, presidente de la comisión.
El padre dijo que, en primer lugar, es una responsabilidad con las víctimas para garantizar sus derechos. “Una responsabilidad con las víctimas, para escuchar a las víctimas y garantizar sus derechos. También como una responsabilidad con la sociedad, el derecho de la sociedad a la verdad. Queremos contribuir desde la verdad a garantizar los caminos de la convivencia y la paz en el país, y a construir desde la dignidad humana un futuro compartido para todos”, puntualizó De Roux.