En medio del debate de moción de censura contra el ministro de Defensa Iván Velásquez en la plenaria del Senado, el congresista Carlos Fernando Motoa intervino al respecto e hizo un llamado sobre el porte ilegal de armas en el país.
“Hay un problema que considero transversal que tal vez tanto el Ministro de Defensa como muchos de los presentes en este recinto parecen ignorar: el problema de las armas ilegales. Se trata de una problemática que no sólo está presente en la mayor parte de los delitos que preocupa como sociedad, sino que es un negocio en sí mismo: tal como lo es el narcotráfico o la trata de personas”, aseguró Motoa.
Se trata de un negocio complejo que representa un reto para la Fuerza Pública porque se comercializan armas originales (de fabricación industrial), así como armas modificadas y de fabricación artesanal (hechizas).
“Un informe de un medio de comunicación nacional puso en evidencia a las redes de sicariato del país, su ‘modus operandi’ y su relación con el mercado ilegal de armas. Según el medio –mediante informes de la Policía Nacional–, en Colombia hay: Un negocio entre delincuentes para alquilar armamento por minutos. El precio depende de la complejidad de la misión, del tipo de elemento que se requiere para aniquilar a la víctima y de los riesgos que pueden correr los maleantes. Es un pacto de sangre. El valor básico por unidad oscila entre 300.000 y 500.000 pesos”, explicó Motoa.
“Esto puede explicar por qué en el país la prohibición del porte legal de armas desde 2015 no ha traído la reducción de los homicidios que se esperan. El 70% de los homicidios en Colombia cada año son con arma de fuego”, dijo el congresista.