El Gobierno de Gustavo Petro busca blindar el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) que habla de los mecanismos para facilitar el acceso a tierras para la reforma agraria.
Ese artículo, que la oposición ha calificado como una ventana a que se permita la expropiación de tierras, ha suscitado interrogantes desde que fue presentado el PND y, una vez este fue oficializado, comenzaron a llegar demandas que pretendían tumbarlo.
Pues bien, es en ese contexto que la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, le pidió a la Corte Constitucional que se convoque a una audiencia pública para analizar el contenido de ese texto que traza las disposiciones mediante las que el Estado puede acceder a tierras.
Esa solicitud fue radicada junto al director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, y la petición en cuestión busca blindar el futuro de ese artículo pues, aseguran desde el Gobierno, “la norma demandada reviste una especial importancia y trascendencia, no solo para el Gobierno Nacional, por tratarse de un instrumento que establece estrategias para materializar las metas y objetivos económicos, sociales y ambientales trazados en el Plan Nacional de Desarrollo, sino también para el Estado colombiano en su integralidad, en la medida que contiene herramientas que permiten el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz”.
El Gobierno destinó $ 883.122 millones para la compra de tierras durante 2023 y tiene listos $ 3 billones para ese mismo fin que deberían ser ejecutados en la vigencia de 2024.
La Casa de Nariño está convencida de que, si se cae el artículo del PND que da piso jurídico a la compra de tierras, no podría cumplir ni su reforma agraria ni el Acuerdo de Paz.