La Ley 2120 de 2021, más conocida como Ley de Comida Chatarra, recibió sanción presidencial el 5 de agosto del año pasado. La norma establece que el Gobierno, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, en un plazo máximo de un año, contado a partir de la promulgación de la ley, debe reglamentar lo dispuesto en dicho artículo sobre etiquetado frontal de advertencia.
Sin embargo, han pasado nueve meses y aún el Gobierno Nacional no sólo no ha reglamentado lo dispuesto en la ley, sino que, según el congresista Mauricio Toro, autor de la norma, antes de que esta iniciativa fuera aprobada en su último debate, “el Ministerio de Salud y Protección Social emitió una resolución de etiquetado, que llevaba más de dos años engavetada, y que beneficia a la industria y no a los ciudadanos”.
Para el Representante Toro: “El etiquetado ya lo implementó Perú, Chile, Ecuador y cientos de países en el mundo, tal como lo ordena la OMS y la Ops y aquí el Gobierno está dilatando, dando mensajes erráticos para que se adopte un etiquetado contrario a la ley, confuso y poco efectivo, haciéndose el de la vista gorda, frente a lo que ordena el Congreso lo cual de por sí ya es grave”.
En la Ley se ordena que el Ministerio adopte el modelo de etiquetado que tenga la mayor evidencia científica libre de conflicto de interés. En este, debe incluirse información de advertencia sobre los contenidos del producto.
Según explicó Toro, el modelo de etiquetado ideal es el “hexagonal de advertencia tal como lo han advertido todos los académicos y las organizaciones, un modelo que se usa en más de 20 países del mundo, y especialmente en nuestra región en países como Chile y México. Mientras que la resolución expedida por el MinSalud propone un etiquetado poco eficiente, como el que utiliza Israel, en forma circular, que habla de altos y no de excesos y está rodeado por símbolos, colores y dibujos, lo cual genera confusiones al consumidor.
Debido a lo que considera una negligencia de parte del Gobierno, el representante Toro citó a un debate de control político al ministro de Salud, Fernando Ruiz, quien deberá acudir al Congreso a entregar las explicaciones del caso.
“Después de casi un año esperando que se ajuste la resolución expedida, el Ministerio ha anunciado que van a licitar un estudio académico para determinar cuál es el modelo de mayor evidencia científica. Proceso que ha sido lento producto de una posible negligencia administrativa. Lo más preocupante, es que la industria ya ha empezado a implementar el modelo israelí de etiquetado, inducidos por lo que dispone la Resolución 810, lo cual hará incurrir en costos gigantes a cientos de empresas, porque tendrán que cambiar el etiquetado de sus productos una vez salgan los resultados de dicho estudio”. afirmó el congresista Toro