A pesar de las promesas de cambio que hicieron en campaña, los congresistas siguen gozando de los mismos privilegios que anunciaron que iban a eliminar.

El Senado de la República, según conoció SEMANA, acaba de renovar el convenio con la Unidad Nacional de Protección (UNP) para brindarles esquemas de protección, con camionetas blindadas, a los parlamentarios de esta corporación durante los próximos tres meses.

El convenio, rotulado como el número 925 de 2022, tendrá un costo de 15 mil millones de pesos, de los cuales el Senado aportará 9.376 millones y la UNP 5.678 millones. Es decir, en promedio, 5 mil millones al mes que saldrán del bolsillo de los colombianos.

Con este acuerdo, se asegura la protección de los senadores hasta el 30 de noviembre de este año, cuando seguramente habrá que renovar nuevamente el convenio si los parlamentarios insisten en conservar sus esquemas de seguridad.

Pero los senadores no son los únicos que se mantienen en sus privilegios. La Dirección Administrativa de la Cámara renovó desde principios de agosto el contrato para el suministro de tiquetes aéreos “a destinos nacionales e internacionales para los honorables representantes”.

Según los documentos del proceso, conocidos por SEMANA, el contrato se firmó por 1.128 millones de pesos y la idea es que los parlamentarios tengan cobertura 24 horas al día, siete días a la semana, para hacer sus desplazamientos aéreos relacionados con sus funciones.

Lo más llamativo es que los más de 1.000 millones de pesos que se invertirán solo cubren los tiquetes por dos meses, hasta el 20 de septiembre de este año.

Mientras esto ocurre, los congresistas siguen sin encontrar fórmulas jurídicas para bajarse el salario. A pesar de que hay al menos cinco iniciativas radicadas con este propósito, por ahora ninguno de ellos se ha puesto en el orden día.