Paola Andrea Vásquez Restrepo acaba de ser designada como secretaria general encargada de la Cancillería en reemplazo de José Antonio Salazar Ramírez, quien salió del cargo después de ser declarado como insubsistente por el propio presidente de Gustavo Petro por firmar el contrato de pasaportes con Thomas Greg & Sons, la misma licitación que le costó a Álvaro Leyva la suspensión del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El encargo a Vásquez Restrepo se determinó este lunes en el decreto 0228 del Ministerio de Relaciones Exteriores, firmado por el viceministro Francisco Coy. En ese documento se determinó que esa encargatura no la desvincula de las funciones que ejerce como consejera de relaciones exteriores de la Embajada de Estados Unidos en Colombia.

Este fue el decreto que declaró la insubsistencia de José Antonio Salazar. | Foto: Cortesía

Sin embargo, el cargo que ejerce dentro de la representación diplomática de Colombia en Washington venía enredado desde diciembre de 2023, cuando un fallo del Consejo de Estado determinó declarar la nulidad del decreto que la había designado para ocupar ese puesto en la planta global de la Cancillería.

Se trata de un fallo proferido el pasado 14 de diciembre de 2023 en el que se determinó “declarar la nulidad del decreto 2280 del 22 de noviembre de 2022, mediante el cual se designó en provisionalidad a la señora Paola Andrea Vásquez Restrepo en el cargo del consejero de Relaciones Exteriores, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de los Estados Unidos de América”.

Este fue el fallo del Consejo de Estado que determinó la nulidad en el nombramiento de Paola Andrea Vásquez Restrepo. | Foto: Cortesía

Con ese antecedente a la designación de Paola Andrea Vásquez como secretaria general (e), surge un nuevo interrogante en medio de la firma del contrato de pasaportes con Thomas Greg & Sons y las movidas posteriores en la planta de la Cancillería, dado que el decreto de este 26 de febrero que le otorgó ese encargo le mantiene las funciones dentro de la Embajada. Sin embargo, es ese mismo cargo el que está en juego con la decisión proferida por el Consejo de Estado desde el año anterior.