La Ley de Financiamiento introdujo un cambio que va a tener impacto en el mercado de la finca raíz. Con el propósito de disminuir la evasión estableció para quienes compren y vendan inmuebles el deber de declarar bajo la gravedad del juramento que el precio incluido en la escritura es real y no ha sido objeto de pactos privados que señalen un valor diferente. Si se comprueba algún tipo de transacción por debajo de la mesa, los responsables deberán pagar cuatro veces el impuesto de renta, el de ganancia ocasional, el de registro y los derechos notariales liquidados. Además, las partes que hayan participado en una transacción de esa naturaleza se exponen a una denuncia penal por fraude procesal y por falsedad en documento público.