En Colombia empezó a entregarse el subsidio de Tránsito a Renta Ciudadana, que se otorga a los colombianos más pobres, desde 500.000 y hasta por un millón de pesos, con el fin de ayudar a superar la brecha de pobreza y garantizar unos ingresos fijos para sus hogares.
Anteriormente, el rubro (que se asignaba bajo el nombre de Familias en Acción), podía ser retirado por los beneficiarios a través de operadores privados como Supergiros, MOVii y en su momento, Efecty, pero este año, la directora del Departamento de Prosperidad Social, Cielo Rusinque, propuso que el mismo se entregara a los ciudadanos, únicamente en oficinas del Banco Agrario.
Según Rusinque, para llevar a cabo esta tarea, “la entidad verificó el cumplimiento de corresponsabilidades en salud y educación, y realizó una exhaustiva operación anticolados, con cruces de información de diferentes bases de datos”, al tiempo que agregó que, para esta oportunidad, más de 2 millones de hogares, de los 3.300.000 a los que está destinado el programa, cumplieron los requisitos.
Para que el Banco Agrario fuera el intermediario, el DPS firmó un contrato interadministrativo por más de 54.000 millones de pesos.
Ello ocasionó que en varias ciudades del país se presentaran extensas filas de miles de personas, lo cual fue criticado por la oposición, entre ellos el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, quien sentenció que eso mismo ocurrirá con las EPS.
Así lo expresó desde su cuenta de Twitter, en donde manifestó: “Como les parecen terribles los bancos, las EPS y todas las empresas privadas (por eso en Bogotá) Petro hizo el desastre de la empresa pública de basuras y Claudia el de la empresa pública de buses, que como es nueva no se le nota todavía el exceso de gente, los recomendados políticos, la ineficiencia) entonces se llega a esto”.
Luego, aseveró: “Lo que pasará cuando acaben las EPS y las reemplacen por los burócratas recomendados políticos de Petro, el problema en la salud será peor”.