El decreto que expidió el presidente de la República, Gustavo Petro, que beneficiará en definitiva a varios jóvenes que están presos y que integran la peligrosa primera línea, tiene más dudas que certezas sobre cómo será el proceso para que salgan de las cárceles y cumplan un papel como gestores de paz.
En uno de los puntos de las funciones que tendrá la Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana, no tendrá al parecer ningún tipo de control, ya que según el decreto, ese grupo deberá expedir su propio reglamento.
Allí surgen varias preguntas: ¿no estará permitida la veeduría ciudadana a ese proceso?, ¿por qué ningún representante de las altas cortes o la Fiscalía integra la comisión?, ¿no se permitirá participación de los afectados de los desmanes que ocasionó la primera línea en el pasado paro nacional?, ¿qué pasará con los integrantes de la fuerza pública también presos?
SEMANA conoció el decreto que estable la creación de una Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana, que estará integrada por el ministro del Interior, el ministro de Justicia, el ministro de Defensa y el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).
Dicha comisión, entre sus funciones, tendrá “recomendar la admisión o exclusión de ciudadanos (as) pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privadas de la libertad como voceros, en el marco de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022″, según el decreto.