El presidente Gustavo Petro parece no olvidar al exmandatario peruano preso Pedro Castillo, ahora abogó por él, en medio de una nueva sesión de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe (Celac).
En ese escenario internacional, el mandatario colombiano hizo un llamado a concretar un acuerdo bajo estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se proteja a jefes de Estado elegidos popularmente y que permanecen privados de su libertad.
“¿Por qué tenemos que seguir manteniendo violaciones del sistema Interamericano a pesar de que nuestros gobiernos firmaron en el pasado el tratado?, ¿por qué tiene que haber golpes parlamentarios y violentos?, ¿por qué presidentes elegidos popularmente hoy están presos cuando deberían estar aquí en esta mesa?”, sostuvo Petro.
Y agregó: “¿Por qué se le vulneran a partir de autoridades administrativas e incluso parlamentarias los derechos políticos a cualquier ciudadano, cuando la carta que firmamos todos en 1972 no permite que se le viole los derechos políticos a ningún ciudadano o ciudadana”.
La postura de Petro se dio luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú envió una nota diplomática a la embajada de Colombia, con una “enérgica protesta” en respuesta a las más recientes expresiones del presidente Gustavo Petro sobre el ingreso de las autoridades al campus de Universidad de San Marcos. Para el Gobierno de Perú, las expresiones del mandatario colombiano constituyen una nueva forma de injerencia.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores entregó hoy una nota a la Embajada de Colombia con la enérgica protesta del Perú por el nuevo acto de injerencia del Presidente Gustavo Petro en temas de política interna, conducta no consistente con las normas del Derecho Internacional”, dice el trino del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú.
Posteriormente, añadió: “La nota se refiere a declaraciones del presidente Petro sobre los hechos ocurridos en el campus de la Universidad de San Marcos y señala que sus actos de injerencia son inconsistentes con la conducta, que todo jefe de Estado debe observar en cumplimiento del Derecho Internacional”.