Uno de los asuntos más polémicos en medio de la discusión del Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso fue la eliminación del artículo 304 de la iniciativa del Gobierno nacional, el cual buscaba establecer una “política nacional de derechos sexuales”.

De acuerdo con el artículo para segundo debate, el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, o quien hiciera sus veces, iban a formular de forma participativa y articular la política. Esta iba a tener “enfoques de género, intersecciones, discapacidad, étnico-territorial y de curso de vida”.

“Esta política deberá alinearse con la actualización del Plan Decenal de Salud Pública, e incluirá el respeto al derecho a la salud y a los derechos sexuales de las mujeres, las niñas y las personas gestantes, y reconocerá los saberes ancestrales de los pueblos étnicos. Además, incorporará los objetivos de promoción, protección, atención, participación y garantía de los derechos sexuales”, se lee en el artículo.

La eliminación de esta disposición fue tomada como una victoria de los sectores conservadores, pero la realidad es que eran varias las entidades que estaban en contra de este artículo, incluida Profamilia.

Según explicó Martha Royo, directora ejecutiva de Profamilia, inicialmente se había propuesto una política de derechos sexuales y reproductivos, pero en el transcurso del debate fue eliminada la palabra “reproductivos”, lo que descentralizó el artículo, pues dejó solo el componente sexual.

“La modificación propuesta por un sector de congresistas desnaturalizaba el planteamiento original de la política que el Gobierno Nacional había formulado en su articulado inicial y que había sido propuesto por nuestra Organización desde los Diálogos Regionales Vinculantes que se realizaron durante 2022″, indicó la directora de Profamilia.

Royo agregó que “no era viable que el Legislativo aprobara un artículo que eliminaba los derechos reproductivos, desconociendo la integralidad e interrelación con los Derechos Sexuales”

De acuerdo con Profamilia, de haberse aprobado este artículo, habría sido inconstitucional y técnicamente impreciso.