La Procuraduría elevó una petición ante la JEP para que aplique medidas cautelares en la Sierra Nevada de Santa Marta. La medida busca prevenir la destrucción y garantizar la no repetición de daños a los bienes culturales y ancestrales.
La política custodiaría 348 sitios sagrados que resultaron afectados en el marco del conflicto armado: “Algunos han sido arrasados, ocupados, menguados”, informó Jairo Ignacio Acosta, delegado del ente de control disciplinario ante la JEP.
Esto involucra varios procesos que adelanta este tribunal: crímenes cometidos por las Farc, falsos positivos, crímenes no amnistiables por parte de la fuerza pública, crímenes no amnistiables de las Farc y violencia basada en género.
Los espacios se identificaron después de dos años de trabajo con las cuatro comunidades de la Sierra y más de 16 encuentros interculturales con los pueblos, donde se reseñaron las fuertes agresiones de actores armados contra ellos.