En el Congreso de la República le están poniendo la lupa al manejo que se le está dando al Fondo para la Vida y la Biodiversidad por cuenta de algunas alertas que están llegando por presuntas decisiones irregulares que se estarían tomando. La preocupación es que dicho fondo maneja unos 800 mil millones de pesos y se quiere hacer una acción preventiva.
Como la supervisión está a cargo del Ministerio de Ambiente no se descarta que se cite a un control político a la ministra Susana Muhamad con el fin de hacerle varias preguntas sobre los manejos administrativos y contractuales.
Congresistas de la oposición encontraron que el decreto 1648 de 2023 fijó unas reglas claras de operación y transparencia, pero al parecer se han hecho unas modificaciones del mismo.
Supuestamente el decreto designa al consejo directivo como máximo órgano de decisión y establece que el director ejecutivo, junto con un comité fiduciario debe liderar la administración del fondo. Sin embargo, un manual operativo que habría sido emitido posteriormente habría alterado esta estructura y se excluyó al director ejecutivo y al representante de la fiduciaria de las votaciones por lo que el control absoluto, presuntamente, estaría en cabeza del Ministerio de Ambiente.
La lupa está puesta sobre el proceso de selección No. 005 destinado a la adquisición de tecnología para el IDEAM por un valor inicial de 21 mil millones de pesos. Según contaron varias fuentes a SEMANA, aunque el contrato fue adjudicado en condiciones competitivas al proponente que ofreció la mejor propuesta técnica y financiera, la fiduciaria, supuestamente, bajo la influencia del comité fiduciario se ha negado a formalizarlo.
Por esa razón, uno de los puntos del control político sería establecer si se quiere beneficiar a otro proponente que tendría un costo mayor para la operación. Al parecer en todo este proceso aparece el nombre de una empresa que ha sido bastante cuestionada en las últimas semanas por los contratos que ha tenido con el sector público y que podría resultar favorecida.