La representante Jennifer Pedraza radicó un proyecto ley que pretende garantizar el financiamiento de la educación superior pública, a través de una propuesta de reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30, que es la normativa que reglamenta la educación en Colombia.
El Congreso ya hundió esa misma iniciativa hace dos años, pero ahora el articulado llega con el respaldo del Ministerio de Educación del gobierno de Gustavo Petro y de congresistas de diferentes partidos.
Además de Pedraza, también es de autoría del senador Ariel Ávila y del representante Gabriel Becerra, además de contar con la firma de 60 legisladores y el respaldo del ministro de Educación, Daniel Rojas.
La propuesta de modificación al artículo 86 pretende incrementar los recursos que se invierten desde el Estado para el funcionamiento de las universidades, incluyendo en la fórmula el índice de costos de la educación superior (Ices). Este es un indicador que calcula el Dane.
Entre tanto, la proposición para el artículo 87 tiene el objetivo de subir los recursos de inversión de las instituciones públicas, pasando anualmente del 30 % de incremento real del PIB al 70 % del mismo.
El proyecto de ley también crea una base presupuestal para que las instituciones de carácter técnico, tecnológico o profesional que son de propiedad pública tengan una financiación directa.
“Aquí hay una causa histórica del movimiento estudiantil y profesoral, de décadas, diciendo que se nos está desfinanciando la educación superior. Se nos caen los techos, no hay recursos para contratar a los profesores e implementar protocolos para atender y sancionar violencias basadas en género. Tenemos que cambiar estos dos artículos para que la educación sí sea un derecho fundamental”, detalló la representante Pedraza.