Finalmente, se destapó el plan que fue consolidado con las empresas y anunciado por la ministra de Minas, Irene Vélez, para llevarle un alivio a la población colombiana que ha clamado por una rebaja en las tarifas de servicios de la energía, uno de los componentes que ha estado presionando la inflación, pues en ciudades como Santa Marta, los incrementos en la factura llegan hasta el 45 % y más.
Este miércoles se conoció que el ‘pacto justicia tarifaria’, como se le conoce a la estrategia a la que se acogieron 82 empresas de distintos eslabones de la cadena del sector (generadores, transmisores, distribuidores), implicará que al final de año, preliminarmente desde noviembre, las tarifas le bajarán a los usuarios entre un 4 y 8 %.
De inmediato, el senador Efraín Cepeda, uno de los citantes al debate de control político a la ministra Vélez, que se realizó en el Congreso de la República, salió a expresar que se trata de “una rebaja insuficiente”.
Según expresó el parlamentario conservador, se trataría de una rebaja irrisoria, en comparación con el incremento promedio registrado en el Caribe, que tiene departamentos con aumentos que vienen escalando y se ubican por encima del 45 %, como el caso de Santa Marta.
Entretanto, en el resto del país, los aumentos en las facturas son del 25 % en promedio, por lo cual, a juicio de Cepeda, una rebaja de entre 4 y el 8 % tendría muy poco impacto en las zonas del Caribe colombiano.
Para el senador, si bien se trata de “un paso adelante”, en el caso de la región Caribe, para que se pueda hablar de una justicia tarifaria, las rebajas deberían ser de al menos un 20 %.