En las últimas horas se conoció que algunos fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia ‘pegaron el grito en el cielo’ porque les solicitaron la renuncia protocolaria.
La petición los puso con los pelos de punta, y no es para menos, pues de este grupo de funcionarios dependen investigaciones de carácter nacional y en contra de altos funcionarios del Estado como, por ejemplo, el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe.
Fuentes del ente acusador aseguran que se trata de un procedimiento administrativo, de cara a trazar las estrategias y objetivos para el próximo año, “con la esperanza de consolidar el 2023 como el mejor año para la Fiscalía en esta administración”, señaló la fuente a SEMANA.
Pero la renuncia protocolaria no solo se solicitó a los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, la orden es para todas las directivas de la entidad. Los funcionarios deberán presentar su carta de renuncia al fiscal general Francisco Barbosa sin que esto signifique, de plano, que todas serán aceptadas.
Insistieron desde el ente acusador que en el caso de los delegados ante la Corte, el primero en presentarla fue el fiscal Gabriel Jaimes, coordinador de esa dirección, el encargado de dar ejemplo a sus subalternos. Se espera que el resto de funcionarios, no solo de la delegada, sino del resto de unidades, hagan lo mismo con el propósito de permitir al fiscal general elegir o mantener el personal que lo acompañará en el último año de su gestión.
La solicitud del fiscal general con las renuncias protocolarias causó revuelo al interior de la Fiscalía, algunos incluso se atrevieron a advertir de una salida masiva de funcionarios a cargo de procesos importantes y en momentos coyunturales para la justicia. Pero en realidad es otra, más enfocada en los compromisos institucionales de la entidad.