La Secretaría de Transparencia de la Presidencia trasladó la pesquisa interna que desarrolló el gobierno sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación de un contrato a la firma Thomas Greg Sons por parte de la Registraduría a la Superintendencia de Industria y Comercio.
Esa oficina había publicado una investigación interna del gobierno para revisar los contratos por 4,4 billones de pesos que se celebraron con esa firma durante 17 años, a los que se sumó un nuevo convenio por 41 mil millones de pesos suscrito por la Registraduría.
En ese sentido, la Secretaría de Transparencia, a cargo del secretario Andrés Idárraga, interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra los trabajadores del Estado implicados en ese proceso, advirtiendo sobre las presuntas irregularidades que habrían ocurrido en la nueva adjudicación.
“He dado traslado la Superintendencia de Industria y Comercio para que valore la procedencia de iniciar las acciones para determinar la posible incursión en prácticas restrictivas de la competencia por parte de Thomas Greg & Sons u otro acto o acuerdo”, sostuvo Idárraga.
Esa oficina le pidió a la SIC que determine si hubo antecedentes que tengan por objeto la fijación directa o indirecta de precios y le solicitó que esclarezca si hubo actos encaminados a influenciar a una empresa para que incrementara los precios de sus productos o servicios o para que desista de su intención de rebajar los precios
El registrador nacional, Hernán Penagos, ya respondió a los señalamientos de Idárraga, aseverando que su despacho invitó a la Procuraduría para acompañar el proceso de adjudicación del nuevo contrato con Thomas Greg & Sons y asegurando que en el marco de este se realizaron pruebas técnicas para determinar la idoneidad del oferente.