Esta semana, el fiscal Francisco Barbosa, la senadora María Fernanda Cabal y el general (r) Eduardo Zapateiro solicitaron medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington.
El plan terrorista del ELN para asesinarlos y el aparente ocultamiento de este por el Ejército y el Gobierno dispararon las alarmas de las víctimas, que se vieron obligadas a acudir a esa instancia internacional. Adicionalmente, Barbosa dijo que es perseguido y hostigado por el Gobierno, que, en todo caso, con estas solicitudes, queda muy mal ante la comunidad internacional. ¿Cómo así que no se le puede garantizar la seguridad ni siquiera al fiscal general? ¿Qué pueden esperar los demás ciudadanos?