En las últimas horas se conoció que el Tribunal Administrativo del Huila suspendió temporalmente la actualización catastral en la capital del departamento que estaba operando bajo el convenio 2105 de 2023 que se firmó para definir las nuevas tarifas y mejorar el recaudo de la ciudad.
Dicho convenio se fijó porque en Neiva no se hace la actualización desde hace una década y no se están efectuando pagos de manera equitativa ante la gran expansión de la ciudad y el desarrollo urbanístico donde se ven lujosas construcciones que no estarían pagando de impuesto el valor real.
Las razones por las que se suspendió el convenio aún no han sido totalmente reveladas, pero dicho proceso ha sido objeto de varias críticas en los últimos meses.
Ante la decisión del tribunal, la Empresa de Servicios de Iluminación Pública (Esip) publicó un comunicado afirmando que las decisiones judiciales se deben respetar y que se “procederá a la suspensión de la ejecución de las actividades propias del convenio 2105 del 2023, y por ende del proceso de actualización catastral, entendiendo que la decisión de la Sala Sexta del Tribunal Administrativo del Huila no es definitiva”, afirman.
Así mismo anuncian que acudirán a las instancias necesarias para presentar recursos de impugnación para que se revise dicha decisión.
“El juez no tuvo en cuenta los múltiples y reiterados pronunciamientos del Consejo de Estado acerca de la limitación de los jueces administrativos en sus competencias consistentes en no poder suspender la ejecución de contratos y convenios”, indican.