En una acción sin precedentes, el Fondo para la Reparación de las Víctimas llegó a Puerto Boyacá para inspeccionar los 73 inmuebles que tiene bajo su administración. De estos, varios presentaban anomalías que impedían cumplir a cabalidad con su misión de recaudar recursos para indemnizar a las víctimas del paramilitarismo.

Antes de esta operación masiva, el fondo registraba solamente nueve bienes con contratos de arrendamiento. Ante este panorama, rastreó qué predios estaban siendo mal utilizados y encontró cerca de 50 casos. El fondo tomó acciones en el territorio para que, en el marco de la transparencia de la administración, se pudiera contrastar la realidad de lo que estaba ocurriendo en el territorio con lo que reposaba en las bases de datos internas.

Gracias al diálogo directo con la gente y la pedagogía desarrolladas durante la inspección, recuperó 30 predios que se encontraban con ocupaciones irregulares y subarriendos no permitidos, entre otras actividades.

El esfuerzo institucional derivó en procesos de formalización de estos inmuebles con los ocupantes para oficializar contratos de arrendamiento. También, sirvió para revisar los cánones con algunos de ellos que presentaban valores inferiores y que debían ser regulados.

El fondo recuperó $84.134.719 millones por medio de acuerdos de pagos concertados con quienes debían arriendos de años atrás, monto que se cobrará por una única vez.

De igual forma, la dependencia de la Unidad para las Víctimas proyecta que empezará a percibir una proyección de 36 millones mensuales a través de los arriendos vigentes y las nuevas formalizaciones logradas en Puerto Boyacá. Si bien es un estimado, para un municipio de estas proporciones, en el que se originaron los primeros grupos paramilitares en el Magdalena Medio, el impacto en cuanto a recursos y social es significativo.

“El balance es positivo en la medida en que quedó un mensaje en la región y es que el Fondo toma el control de los bienes. Esa inoperancia o negligencia que tuvo el Fondo durante tanto tiempo se prestó para que, a mucha gente, en la región, la engañaran”, dijo al respecto Giovanna González, coordinadora del fondo.

“Cuando a la gente se le explica para qué son estos bienes y por qué el fondo debe monetizarlos, los ocupantes accedieron a formalizar. Esto excepto unos casos en los que los ocupantes siguen alegando su posesión. Frente a ello, se adelantan las acciones judiciales correspondientes”, agregó González